La ‘Ley Mordaza’ comienza a aplicarse: multado por llamar «escaqueados» a los policías de su pueblo en Facebook.

Menos de un mes después de su entrada en vigor, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, ya ha empezado a contar con sus primeros sancionados. Eduardo Díaz, vecino de la localidad tinerfeña de Güímar, no salía de su asombro cuando sobre las 18:30 del pasado 22 de julio, una pareja de policías se presentó en su domicilio para entregarle una denuncia por haber criticado a la Policía Local con palabras como «casta de escaqueados» a través de Facebook. Eduardo se enfrenta a una multa de entre 100 y 600 euros. Sigue leyendo

“SU DOCUMENTACIÓN, POR FAVOR”: ¿ESTOY OBLIGADO A IDENTIFICARME ANTE LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD?

Aunque legalmente la Policía no puede pretender identificarte si no existen indicios de comportamiento delictivo o infracción administrativa –pues restringe este supuesto al “ejercicio de las funciones de indagación y prevención” y siempre que fuese necesario para “el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad”– la práctica puede discurrir por otro lado, y si bien en los casos de identificaciones injustificadas nacería un derecho a negarse a obedecer, al tratarse de una orden ilegítima, ciertamente su prueba en sede judicial no suele ser precisamente fácil para el ciudadano y la palabra de un agente de la autoridad suele tener bastante más peso y credibilidad para un Juez que la de un acusado de un delito de desobediencia. Sigue leyendo

ME HA LLEGADO UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR INFRACCIÓN DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA QUE NO ESTOY DE ACUERDO: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA?

Si una vez presentadas las alegaciones y pruebas, la Administración resuelve nuestro procedimiento y nos notifica en plazo su decisión a través de una carta –lo que se conoce como resolución sancionadora– en el sentido de continuar considerándonos autores de la infracción denunciada, tendremos un plazo de un mes para poder interponer un recurso administrativo, denominado recurso de alzada. Sigue leyendo

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: ¿QUÉ PLAZO HAY PARA PODER PRESENTAR ALEGACIONES Y PROPONER PRUEBAS? ¿Y PARA RECURRIR LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA?

Una vez se nos notifique en nuestra casa o en Correos el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador –la multa– disponemos de QUINCE DÍAS de plazo para presentar nuestro pliego de descargo –las alegaciones y pruebas–, siendo estos HÁBILES –descontando los domingos y festivos, pero no los sábados, que sí cuentan– y comenzando a computarse como primer día EL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE NOS HAYA NOTIFICADO LA CARTA. Sigue leyendo

CUÁNDO PRESCRIBEN LAS INFRACCIONES DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Los hechos presuntamente constitutivos de cualquier infracción administrativa de las contempladas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, prescriben en los siguientes plazos –al menos que la Ley establezca un plazo distinto y específico de prescripción–: Sigue leyendo

ME ESTÁN DENUNCIANDO POR TENENCIA O CONSUMO DE DROGAS: ¿DEBO FIRMAR EL ACTA DE INFRACCIÓN O APREHENSIÓN? ¿PUEDO EXIGIR COPIA DEL ACTA? ¿ES RECOMENDABLE SOLICITARLA?

En el caso de que los agentes de la autoridad sospechen o detecten que puede estar produciéndose una tenencia o un consumo de drogas, aquellos le requerirán que facilite sus datos y documentación identificativa y cumplimentarán a su presencia lo que se conoce como acta de infracción o de aprehensión junto con las circunstancias del hecho -lugar, aparente naturaleza de la sustancia aprehendida, peso de la misma y cualesquiera otras circunstancias que pudieran resultar de interés-. Sigue leyendo

IMPOSIBILIDAD DE QUE LA ADMINISTRACIÓN PRUEBE LA CULPABILIDAD DEL SANCIONADO EN SEDE JUDICIAL

Empecemos por el final: en aquellos casos en los que la representación procesal de la Administración pretenda, en sede judicial, ampliar la prueba practicada en vía administrativa para acreditar la culpabilidad del sancionado, el Juzgador, so pena de incurrir en nulidad de actuaciones procesales, deberá de inadmitir de facto tal pretensión. Sigue leyendo

NO HAY PLAZO ALGUNO PARA RECURRIR JUDICIALMENTE LAS DECISIONES DESESTIMATORIAS ADOPTADAS POR SILENCIO ADMINISTRATIVO.

El art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo, es decir, aquéllas que son desfavorables para el administrado porque la Administración no ha respondido en plazo y cuyo silencio la Ley interpreta como opuesto a las pretensiones de aquél. Según este artículo, en estos casos “el plazo será de Sigue leyendo

CONSECUENCIAS DE NO ATENDER UN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN O HACERLO FUERA DE PLAZO

Cuando la Administración requiere a cualquier interesado para que subsane un defecto apreciado, aporte determinados documentos o cumplimente un trámite necesario del procedimiento, concediéndole para ello un plazo -que habitualmente van a ser diez días-, se plantea muchas veces la pregunta:

¿qué ocurre si se da cumplimiento al requerimiento fuera del plazo otorgado por la Administración para ello? Sigue leyendo

EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

En el ámbito de la seguridad ciudadana y de la potestad sancionadora de la Administración en general, el principio de tipicidad -artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJ-PAC)- constituye una garantía material del derecho fundamental -principio de legalidad en el ámbito sancionador administrativo– incorporado en el artículo 25.1 CE, y refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica -artículo 9.3 CE-, lo que exige -en un primer plano normativo- que la Ley describa con anterioridad, «el supuesto de hecho al que anuda la sanción, definiendo con la mayor precisión la acción prohibida» -STC 196/1991, de 17 de octubre-. Sigue leyendo